El Gobierno de México revisa con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) una diferencia de 5 mil 140 casos entre los registros nacionales de homicidios correspondientes a 2025. La discrepancia aparece al comparar las defunciones por homicidio contabilizadas por el instituto con las víctimas de homicidio doloso y feminicidio reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante la conferencia matutina de este 13 de noviembre, realizada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ambas instituciones analizan la diferencia y que los resultados de esa revisión serán dados a conocer. La mandataria no presentó en la conferencia una conclusión sobre cuál registro debe modificarse ni precisó cuándo terminará el proceso.
“Es algo que estamos revisando con el INEGI”.
La cifra del INEGI para 2025 es de 29 mil 488 defunciones por homicidio. Ese conteo se integra a partir de certificados médicos, actas del Registro Civil y registros forenses. En contraste, el SESNSP reportó 24 mil 348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, con base en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías.
Dos registros con metodologías distintas
La diferencia equivale a poco más de 21 por ciento y representa la brecha más amplia entre ambas mediciones en 11 años. El contraste no parte de una misma fuente documental: el INEGI registra defunciones y el SESNSP concentra denuncias penales clasificadas por delito. Además, cada institución aplica procesos de validación diferentes.
- INEGI: 29 mil 488 defunciones por homicidio en 2025.
- SESNSP: 24 mil 348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio.
- Diferencia: 5 mil 140 casos, según la comparación reportada.
| Institución | Base del registro | Dato de 2025 |
|---|---|---|
| INEGI | Certificados, actas y registros forenses | 29 mil 488 defunciones |
| SESNSP | Carpetas de investigación de fiscalías | 24 mil 348 víctimas |
De acuerdo con la información presentada, las mayores diferencias se concentran en el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Sinaloa. El reporte no desglosa en el contenido revisado el número correspondiente a cada entidad ni señala una explicación particular para cada caso.
La revisión anunciada por la Presidencia deberá precisar cómo se relacionan ambos conteos y qué alcance tiene la brecha para la lectura de las estadísticas nacionales de violencia. Mientras el Gobierno de México y el INEGI no publiquen sus resultados, las dos cifras corresponden a mediciones distintas y no pueden considerarse equivalentes.