Habitantes y autoridades ejidales de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, solicitaron la intervención de las instituciones de seguridad luego de denunciar la presunta existencia de siete bases de operación de una organización delictiva en la sierra de Guerrero.
La denuncia fue difundida mediante un pronunciamiento del movimiento Pueblos Unidos en Defensa de la Sierra y los Recursos Naturales. De acuerdo con el documento, los pobladores consideran que esos puntos serían utilizados para ataques, concentración de personas y actividades logísticas. La información corresponde a una acusación comunitaria y no incluye, en el reporte conocido, una confirmación pública de un operativo o de una investigación ministerial sobre las ubicaciones señaladas.
Solicitud a autoridades federales y estatales
Los habitantes afirmaron que las presuntas ubicaciones fueron identificadas y corroboradas por medio de sobrevuelos con drones. También señalaron que los datos ya fueron entregados a instituciones de seguridad, aunque aseguraron que hasta el momento no se han realizado acciones para detener a los presuntos integrantes del grupo señalado.
El planteamiento fue dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Los pobladores pidieron que las autoridades verifiquen la información y desplieguen acciones en la zona serrana.
- Siete presuntos puntos de operación fueron señalados por los habitantes.
- La denuncia se ubica en la sierra de Coyuca de Catalán.
- Los pobladores afirmaron que entregaron información a instituciones de seguridad.
Desaparición y desplazamiento señalados por pobladores
Como antecedente, el pronunciamiento mencionó que el 4 de noviembre, en la localidad de El Limón, integrantes del grupo señalado habrían privado de la libertad a un hombre que permanece desaparecido. La identidad de la persona se omite por tratarse de una víctima de desaparición y porque la información fue presentada como una denuncia de los pobladores, no como una conclusión oficial de una investigación.
Los habitantes también denunciaron el desplazamiento forzado de una familia de más de 20 personas en El Pinzán Dulce. Según su versión, sus integrantes habrían sido amenazados y obligados a vender su ganado a precios muy bajos. El reporte no detalla si existe una denuncia formal por estos hechos ni informa sobre una respuesta pública de la Fiscalía General del Estado o de las corporaciones de seguridad mencionadas.
El movimiento sostuvo que las familias de la región, incluidas mujeres y niñas y niños, permanecen en riesgo ante la presencia de células delictivas. La denuncia plantea una exigencia de atención institucional; cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes y, en su caso, ante la autoridad judicial.