La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la detención de Jesús “N”, conocido como “El Pikachu”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de un abogado ocurrido en Iguala de la Independencia en octubre de 2025. La captura se realizó en la localidad de Tlanipatlán, municipio de Cocula, como resultado de diligencias de investigación y de un operativo coordinado.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, en la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La institución señaló que el detenido es considerado presunto integrante de un grupo delictivo identificado como Los Tlacos, con presencia reportada en municipios de la región Norte del estado.
Investigación por un homicidio ocurrido en Iguala
La carpeta de investigación está relacionada con el ataque contra el abogado Anselmo C., quien, según los datos difundidos por la FGE, fue perseguido y agredido cuando salía de la sede regional de la institución en Iguala. El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2025, cuando la víctima circulaba por la colonia Libertadores.
La Fiscalía sostuvo que Jesús “N” habría participado en la agresión junto con otras personas. Esa imputación deberá ser analizada por la autoridad judicial durante las etapas correspondientes del proceso penal; hasta ahora, no existe una sentencia que determine responsabilidad penal.
El imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
Durante la intervención, las corporaciones aseguraron, de acuerdo con el boletín oficial:
- Una pistola y un cargador.
- 12 cartuchos útiles.
- Polvo blanco con características similares a la cocaína.
El detenido quedó a disposición judicial
Jesús “N” fue puesto a disposición del juez de control que lo requería, quien deberá determinar su situación jurídica conforme a derecho. La FGE no informó en el comunicado la fecha de la audiencia ni las medidas cautelares que pudieran imponerse.
La detención forma parte de las acciones de investigación que la Fiscalía atribuyó a la coordinación entre autoridades estatales y federales. El caso permanece sujeto a la determinación del Poder Judicial, mientras el Ministerio Público deberá presentar ante el juez los datos que sustenten la imputación por el homicidio calificado del abogado.
