Madres y padres del Centro de Atención Múltiple número 03, en Zihuatanejo, rechazaron el posible regreso del profesor Darwin N al plantel, luego de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) le impusiera una sanción administrativa por hechos señalados como presunto abuso sexual. Las familias pidieron que se revise la resolución y que se priorice la seguridad del alumnado.
La inconformidad fue expuesta por Luz Anahí Sánchez, madre de un estudiante con autismo, quien informó que preparan un escrito dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. En la solicitud plantearán la rescisión laboral del docente y la asignación de una persona especialista en comunicación y lenguaje para atender a los estudiantes del centro.
Familias señalan falta de atención especializada
De acuerdo con el testimonio de Sánchez, el plantel lleva diez meses sin terapias de lenguaje, un servicio que —señaló— necesitan niñas y niños con dificultades de comunicación, incluidos estudiantes autistas no verbales. La madre sostuvo que la plaza debe destinarse a contratar a un profesional que cubra esa necesidad educativa.
- Las familias solicitaron a la SEG revisar la sanción administrativa dictada contra el docente.
- También pidieron restablecer las terapias de lenguaje en el centro.
- Los padres analizan utilizar recursos legales para impugnar la resolución y cuestionar una eventual reubicación del trabajador.
La madre de familia también pidió la intervención de las autoridades educativas y de control para revisar las condiciones del Centro de Atención Múltiple y establecer medidas que garanticen la protección de sus estudiantes. Además, afirmó que existe un escrito firmado por 40 docentes de la zona escolar que rechazarían el dictamen y la posible incorporación del profesor a otro plantel de la región; esta afirmación no ha sido corroborada con el documento mencionado.
La sanción es administrativa
El caso se conoció públicamente el 10 de noviembre, cuando se informó que la SEG sancionó a Darwin N con un extrañamiento por escrito y una nota desfavorable en su expediente, mediante una resolución fechada el 10 de julio. La medida corresponde al ámbito administrativo y no constituye una sentencia penal sobre los hechos denunciados, que presuntamente habrían ocurrido en noviembre de 2025 contra una mujer adulta con discapacidad.
Las familias insistieron en que la atención del alumnado debe incluir tanto condiciones de seguridad como servicios educativos especializados. Por ello, además de cuestionar la posible reincorporación o reubicación del docente, demandaron recuperar las terapias de lenguaje y una revisión de las decisiones adoptadas por las autoridades educativas.