La congresista republicana María Elvira Salazar pidió al gobierno de Estados Unidos que exija explicaciones a México sobre el programa de contratación de médicos cubanos, al que señaló como posible ejemplo de trabajo forzado y por tanto como una potencial vulneración de las normas laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC).
En una carta fechada el 22 de octubre de 2026 dirigida al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, la legisladora solicitó que Washington incluya el tema en la revisión del T‑MEC. Salazar afirmó que México ha contratado a más de 3,000 profesionales de la salud procedentes de Cuba y advirtió sobre condiciones laborales que, según ella, podrían contravenir las disposiciones del acuerdo comercial.
“México no puede beneficiarse del libre comercio con Estados Unidos mientras permite que la dictadura cubana explote a sus médicos”, afirmó la congresista en un mensaje sobre su iniciativa.
La misiva de Salazar señala que los acuerdos para contratar personal médico con Cuba se iniciaron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre las prácticas que cita la legisladora aparecen la separación de los profesionales de sus familias, restricciones a la libertad de movimiento y la retención de una parte sustancial de sus salarios por parte del gobierno cubano. La congresista refirió que, en algunos casos, los médicos recibirían apenas el 5% de la remuneración destinada a sus servicios, mientras que el resto sería retenido por las autoridades de la isla, y que México pagaría directamente al Gobierno cubano por esos servicios.
Estas alegaciones, según el artículo publicado en El Financiero, coinciden con preocupaciones plasmadas en informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que han documentado esquemas similares en otras naciones donde se han trasladado profesionales cubanos. El Informe sobre la Trata de Personas de 2025 ya apuntó que existía un acuerdo contractual entre México y Cuba para la contratación de personal médico.
Qué implica para México y para Guerrero
Si la administración de Estados Unidos decide indagar o presionar a México en el marco del T‑MEC, ello podría abrir un episodio de interlocución diplomática y comercial con efectos potenciales en políticas de contratación internacional del sector salud. Para Guerrero —donde el acceso a servicios médicos sigue siendo un reto en zonas rurales y de montaña— cualquier cambio en la operatividad de programas que aporten personal sanitario podría tener impacto en la disponibilidad de atención, sobre todo en unidades médicas pequeñas o programas locales que reciban apoyo federal.
- La solicitud de la congresista se basa en la carta dirigida al representante comercial de EU y en informes previos del Departamento de Estado.
- El número citado de médicos cubanos contratados por México supera las 3,000, según la misiva.
- La acusación incluye prácticas como retención salarial y restricciones a la movilidad, que la congresista califica como rasgos de trabajo forzado.
En el plano político y comercial, incluir este asunto en la revisión del T‑MEC supondría llevar a la mesa de negociación o a los mecanismos de resolución del tratado preocupaciones relacionadas con derechos laborales y cumplimiento de estándares internacionales. La revisión del T‑MEC ya es un espacio sensible por otras disputas arancelarias y regulatorias entre los socios del acuerdo.
El artículo de El Financiero no reporta una respuesta oficial de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México al requerimiento de la congresista. Tampoco indica si el representante comercial Jamieson Greer ha dado curso a la petición.
La reclamación de la congresista añade un enfoque laboral y de derechos humanos a un programa que, hasta ahora, se ha debatido mayoritariamente en términos de política sanitaria y cooperación internacional. Cualquier avance en la revisión del T‑MEC que incorpore este tipo de alegatos dependerá de las autoridades estadounidenses y mexicanas y de los canales de diálogo que ambos gobiernos decidan activar.
La carta de Salazar y los informes citados plantean preguntas sobre la transparencia en los acuerdos de contratación internacional y la protección de los derechos de trabajadores de la salud trasladados desde el exterior, temas que podrían derivar en requerimientos de información, auditorías o recomendaciones por parte de organismos internacionales si las investigaciones avanzan.
