El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que existe una "intención deliberada de exonerar de responsabilidad al Ejército" en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, según declaraciones de su director, Abel Barrera Hernández, recogidas por El Sol de Chilpancingo.
Barrera habló el domingo 25 de octubre durante la festividad del Señor del Nicho en Tlapa, donde padres y madres de uno de los normalistas, César Manuel González Hernández, participaron en actos religiosos para pedir por el paradero de sus hijos. El defensor advirtió que, con base en recientes líneas de investigación impulsadas desde la Presidencia de la República, se está construyendo "una verdad a modo" que podría desviar la atención hacia actores locales y alejarla de responsabilidades de las fuerzas armadas.
"Vemos que se ha optado ya por impulsar una línea de investigación que apunte a los actores locales en Guerrero"
Según el director de Tlachinollan, esa orientación en la investigación ya ha derivado en detenciones y procesos contra personas y autoridades locales: mencionó la aprehensión del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, detenciones de policías de Iguala y acciones contra la familia Rueda, vinculada con servicios forenses y crematorios en la región. Sin embargo, expresó la preocupación de las familias por la omisión, a su juicio, de líneas de investigación que apuntan a la participación del Ejército.
Reacciones de las familias y preocupación por rezagos
Los padres y madres de los normalistas han exigido la verdad durante más de una década. Barrera dijo que, ante las nuevas declaraciones y documentos solicitados al Ejército —como los llamados "800 folios" sobre información militar relacionada con el caso—, existe el riesgo de que hallazgos relevantes queden "rezagados" o no se investiguen a fondo. El Centro advirtió que esto afecta la confianza de las familias en el proceso y en las garantías de acceso a la verdad y la justicia.
En su declaración, el director de Tlachinollan también se refirió a una intervención pública de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a interpretaciones que, según la organización, han incidido en el curso de las pesquisas. Barrera subrayó que las familias perciben un desplazamiento de la investigación hacia actores locales y señalaron que existen elementos documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, a su juicio, no han sido plenamente retomados.
Datos y actores mencionados
- Organización: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
- Vocero: Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.
- Familias afectadas: padres del normalista César Manuel González Hernández y otros familiares de los 43.
- Actores señalados en las nuevas líneas de investigación: ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, policías de Iguala, la familia Rueda (encargada de crematorios y del Servicio Médico Forense de Iguala).
| Actor | Mención en la nota |
|---|---|
| Ángel Aguirre Rivero | Detenido, citado como parte de las líneas que ahora se impulsan |
| Policías de Iguala | Detenciones y procesos por su presunta participación |
| Familia Rueda | Vinculada con crematorios y el Semefo de Iguala; también señalada |
El Centro —organización que ha acompañado jurídicamente a las familias de las víctimas desde los primeros meses tras la desaparición— reclama que las nuevas orientaciones de investigación no dejen de lado información recabada por instancias independientes como el GIEI ni documentación solicitada al Ejército que, según las familias, puede ser clave para conocer el paradero de los normalistas y las responsabilidades institucionales.
Hasta la publicación de esta nota no se incluyeron en la cobertura declaraciones oficiales de la Presidencia de la República ni de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a las acusaciones de Tlachinollan; la organización y los familiares mantienen su petición de que la investigación sea exhaustiva y transparente.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue siendo un tema de alto interés público en Guerrero, donde colectivos, organizaciones de derechos humanos y las familias continúan demandando esclarecimiento, acceso a la verdad y sanciones cuando proceda, de acuerdo con lo señalado por Tlachinollan en su intervención en Tlapa.
